Brasil: ¿justicia real o selectiva?

Estamos habituados a pensar que las grandes conmociones políticas comienzan siempre con hechos de fuerza militar o con grandes insurrecciones populares. Ya no parece ser el caso en América Latina, donde desde hace varios años son los propios poderes constitucionales los que, respaldados en grupos de interés, se embarcan en agendas de cambio político a través de mecanismos cuando menos opacos.

La saga de este tipo de proceso conspirativo comenzó Honduras en 2009, con la remoción de Manuel Zelaya, y continuó en Paraguay en 2012, con la de Fernando Lugo. Hubo entonces una coincidencia amplia de que ambos casos, por haber sido conducidos en buena medida de espaldas a los respectivos ordenamientos legales, supusieron un nuevo tipo de “golpe blando”.

El Brasil de hoy ofrece otro espectáculo, en el que la gradualidad de los pasos formales y la permanente intervención del Supremo Tribunal Federal ante el avance del Legislativo sobre el Ejecutivo impiden hablar apresuradamente de golpe. La diferencia es natural, ya que Brasil cuenta con una trama de intereses más densa y con una sociedad civil más desplegada que las de Honduras o Paraguay. Esto no evita, sin embargo, que se observe allí un contenido político similar, con movimientos e intencionalidades equivalentes.

En el caso brasileño, una amplia coalición de organizaciones políticas opositoras al Gobierno del Partido de los Trabajadores, una mayoría expresiva de las dos cámaras del Congreso, un sector del Poder Judicial, medios de comunicación predominantes, cámaras empresariales y organizaciones civiles han coincidido desde el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, el 1 de enero del año pasado, en una campaña con claros fines destituyentes. Primero, a través de un intento de desconocimiento del escrutinio de la segunda vuelta de octubre de 2014. Luego, con su judicialización por supuesta financiación ilegal de la campaña oficialista. Más tarde, intentando vías de juicio político contra la mandataria por las derivaciones del escándalo en Petrobras. Finalmente, como vemos hoy, debido al presunto crimen de responsabilidad del maquillaje de las cuentas públicas.

Mucho se ha hablado de la actuación los mencionados actores en la trama. Menos se ha dicho sobre la acción del Poder Judicial y sus organismos auxiliares. Suele ocurrir que en lo velado anidan los factores más decisivos de un proceso político.

ESCÁNDALO Y PANICO MORAL

Si el juicio político contra Rousseff se desarrolla en los palacios legislativos y judiciales, su sustento, claro, se encuentra en las calles, tanto en las movilizaciones populares de distinto signo como en el menos tangible “humor social”. A esto último contribuyeron decisivamente una economía que desde en los últimos años viró del estancamiento al hundimiento y, de modo privilegiado, la incesante divulgación de hechos de corrupción que, si bien engloban a buena parte de la clase política, se enfocaron mucho más en los funcionarios y aliados del Gobierno.

Esto no debe sorprender, en principio, dado que allí recaen las mayores responsabilidades políticas de un país. Sin embargo, hay que señalar que la atención de la prensa y de los estamentos judiciales se encarnizó con todo lo que oliera a PT, generando una extrema tensión. Un proceso que, alguna vez, cabría analizar con un enfoque teórico que le calza a la perfección: el de “pánico moral”, en el sentido modelizado en 1972 por el sociólogo Stanley Cohen con su trabajo sobre las reacciones sociales suscitadas en la Inglaterra de los años 1960 por la irrupción de las tribus urbanas juveniles de los mods (modernistas) y los rockers (rockeros)[i]. En aquel encontramos todos los elementos de esta actualidad asombrosa: amenaza moral, generación de un “demonio popular” estereotipado por la acción de los medios masivos de comunicación y entrada en escena de los cuerpos represivos y judiciales para poner fin al desvío.

Llegamos así al foco de este artículo: ¿la actividad, reciente e inédita, de un sector de la judicatura brasileña contra ciertos actos de corrupción, es indicio de una campaña real contra esos esquemas y contra la financiación ilegal de la política o, en cambio, se trata de un mero ejercicio de justicia selectiva, destinado a convertir a Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores y, en general, a la izquierda brasileña en un “demonio popular”, operación necesaria para removerlos e inviabilizar su proyecto por un tiempo muy largo?

“La respuesta es difícil. No sabemos aún cuál es la conclusión de este proceso. En un sentido, algún tipo de justicia selectiva forma parte de una maduración institucional. Dado que las instituciones brasileñas todavía no son maduras y universales, es natural que se comience con alguna selectividad. La cuestión es si esto irradiará luego a otros casos y se convertirá en norma”, le dijo a Le Monde Diplomatique desde San Pablo Mário Schapiro, profesor en la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.

“En general, como en todo primer gran caso, se está verificando una cierta afirmación de la propia capacidad de enforcement, lo que implica algunos excesos. Sin embargo, esas medidas deben ser moderadas con el tiempo, lo que ya comienza a ocurrir”, añadió el especialista.

Dos ejemplos excluyentes, pero no aislados de esos excesos, se produjeron en marzo último, con la “conducción coercitiva” de Lula da Silva para que prestara declaración sobre la supuesta recepción de prebendas por parte de grandes constructoras y con la divulgación de un diálogo telefónico entre él y Rousseff, horas antes de que aquel fuera nombrado jefe de gabinete. Detrás de esos actos, condenados por numerosos juristas de todas las tendencias, estaba la firma del juez Sérgio Moro.

¿QUÉ QUIERE ESE HOMBRE?

Tenemos que conocer al hombre del momento.

Sérgio Moro es juez federal de Curitiba (estado de Paraná, sur) y quien lleva la resonante operación Lava Jato (lavadero de autos). Su imagen de cruzado contra la corrupción lo ha convertido en el héroe de la clase media brasileña y en la bestia negra del PT.

Tiene 43 años, imagen prolija y bajo perfil, aunque sus acciones profesionales apuntan a la espectacularidad. Considerado uno de los mayores especialistas brasileños en lavado de activos y delitos contra la administración pública, tiene formación de posgrado en Harvard.

Es posible comprender sus pasos a la luz de un viejo artículo que publicó en la Revista del Centro de Estudos Judiciários (N° 26, julio-septiembre de 2004), titulado “Consideraciones sobre la operación Mani Pulite“. En él, Moro analizó el proceso de la Italia de principios de los 90 y lo sugiere como un ejemplo para Brasil[ii].

En el trabajo, Moro explica que una operación como la italiana debe ser llevada a cabo por “jueces de ataque” y que el objetivo debe ir más allá de combatir la corrupción; el verdadero es “rediseñar el marco político” de un país. Para lograrlo, tienen que combinarse tres elementos: prisiones preventivas, “delación premiada” y divulgación amplia de las operaciones.

Las prisiones preventivas prolongadas son cruciales para convertir a los sospechosos en arrepentidos capaces de proveer evidencias imprescindibles en la titánica tarea de probar delitos intrincados e implicar a los peces más gordos.

En el caso italiano, “tan pronto como alguien era detenido, detalles de su confesión eran vehiculizados en L’Expresso, en La Repubblica y en otros diarios y revistas simpatizantes” de la campaña. Moro asegura que esa herramienta asegura la pérdida de legitimidad de una clase política corrupta y esteriliza sus reflejos defensivos. “La deslegitimación, al mismo tiempo que tornaba posible la acción judicial, era alimentada por ella”, afirma.

Todo lo anterior explica que Moro, validado por los tribunales de alzada, haya mantenido a los sospechosos en polémicas y prolongadísimas prisiones preventivas, verdaderas condenas anticipadas. Un ejemplo es el de Marcelo Odebrecht, presidente de la principal constructora de América Latina y gran eje empresarial del petrolão, que pasó preso casi nueve meses antes de ser condenado a 19 años y cuatro meses de prisión… Eso terminó por quebrarlo y llevarlo a firmar un acuerdo de “delación premiada” que tiene en vilo a buena parte de la clase política brasileña. Si él habla, cae toda la República, se ha dicho.

Asimismo, revela por qué el magistrado filtra pinchaduras telefónicas de modo abusivo y porqué lanza sus operativos policiales en “fases”, con nombres rimbombantes, que se convierten casi en una novela televisada a todo Brasil en espectaculares capítulos casi semanales.

“En Brasil se encuentran presentes varias de las condiciones necesarias para la realización de una acción judicial semejante”, señaló Moro en su artículo, que nos ilumina sobre sus motivaciones once años después.

LOS “RIESGOS” DEL REPUBLICANISMO

“En Brasil hay una regla: el Ministerio Público elige tres nombres y el presidente de de la República designe al Procurador. En ese sentido, los últimos gobiernos marcaron una diferencia muy grande. Desde Lula da Silva se comenzó a avalar como jefe del Ministerio Público al primero de esa terna, es decir que se respetó la elección de los funcionarios de carrera”, le explicó al Dipló el doctor Shapiro.

En efecto, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, fue designado por Rousseff siguiendo esos lineamientos en 2013 y confirmado en agosto del año pasado, ya en pleno petrolão. Su segundo turno llegó después de que fuera votado por 799 miembros de la carrera, contra 462 de su principal competidor, Mario Bonsaglia.

De más está decir que Janot, contrariando las sospechas de la oposición política, ha sido un sostén clave de la Lava Jato. Los ruegos de parte del PT par que no fuera confirmado fueron desoídos por la Presidenta, probablemente por el costo político que le habría ocasionado.

“Fernando Henrique Cardoso no seleccionaba al primero y por eso en sus mandatos muchos definían al Procurador como el ‘Encajonador General de la República’”, recordó Mário Schapiro.

Por otro lado, la Policía Federal fue reestructurada durante el primer mandato de Lula, lo que explica que el número de operaciones anticorrupción que llevó a cabo desde entonces haya sido abrumadoramente mayor que con Cardoso.

“Lula y Dilma fueron presidentes más republicanos, sin duda, en el sentido permitir las investigaciones. Tanto fue así que en los últimos años fueron posibles dos grandes casos: el mensalão y el petrolão. En ambos, varios de los principales líderes del Partido de los Trabajadores terminaron presos”, recordó Schapiro.

La pregunta que se impone es si la actual ofensiva judicial constituye un hecho aislado, impulsado por Moro (y apoyado por Janot, la Policía Federal y, hasta ahora, en medio de la presión pública, por el Supremo) o una tendencia imparable, producto de una judicatura más independiente y profesional.

“Hay un crecimiento hacia una mayor actuación del sistema, pero la mayor capacidad de investigación sigue concentrada en el juez Moro, lo que se explica por varios factores, entre ellos por su mayor competencia. Entonces, ¿la investigación de la justifica federal de Curitiba es un nuevo patrón o es la excepción que confirma la regla? Eso está por verse”, opinó el jurista de la Fundación Getulio Vargas.

Por lo pronto, queda probado que en un país de intereses densamente tramados como Brasil (y antes como Italia) incluso una acción judicial aislada puede generar un tsunami político. ¿Gobernantes de América Latina, uníos?

Schapiro agregó que “no hay punto de comparación entre lo que ocurre en el ambiente federal con lo que ocurre en los estados. La oposición gobierna en muchos de ellos, como San Pablo, donde hubo denuncias pero de ningún modo hubo avances similares ni nadie fue preso”.

En ese sentido, cabe recordar la saga del llamado mensalão mineiro, un esquema de financiación ilegal de la campaña del gobernador socialdemócrata de Minas Gerais Eduardo Azeredo en 1998. Denunciado hace once años, al calor del “mensalao” petista (con el que compartía “modus operandi”, financistas e intermediarios), pasó por diferentes instancias y jurisdicciones, y duerme aún el sueño de los (in)justos. Azeredo fue condenado en primera instancia a veinte años de prisión pero, como todos los demás, podría beneficiarse con una prescripción de la causa.

UN FUTURO ABIERTO

Muchos apuestan en Brasil a que la eventual caída de Rousseff, de Lula da Silva y del PT significará el fin de los afanes moralizadores. Otros, en cambio, creen que ya no hay vuelta atrás.

En caso de que el vice Michel Temer reemplace a la actual mandataria, “es poco probable que se produzca una intervención política contra la operación Lava Jato, y de hecho no hay mucho para hacer en ese sentido. Lo que importa es si cambia el clima político del país. Se trata de algo que menciona el propio Moro en el artículo que escribió sobre el caso Manos Limpias: el éxito de las operaciones depende del apoyo de la opinión pública, que es crucial para que los tribunales superiores acompañen el proceso. Si hay un cambio de presidente, la opinión pública se puede a enfriar y haría que se pierda algo de capacidad de conducción”, indicó Schapiro.

El tiempo dará su veredicto. Mientras, la buscada “deslegitimación de la clase política corrupta” amenaza con generar un peligroso daño colateral: la deslegitimación de la política en pleno y, peor, de la propia democracia.

Una encuesta de la firma IBOPE, realizada entre el 14 y el 18 de abril, encontró que el 49 % de los brasileños se define como “nada satisfecho” con la democracia en el país, un salto inquietante desde el 13 % de 2010 y el 22 % de 2014[iii]. Es más, se puede sumar a aquellos el 34 % que dicen estar “poco satisfechos”. Por si fuera poco, a un 34 % le “da lo mismo” vivir en democracia o no.

Moralizar la política, perseguir a los corruptos y sanear el financiamiento electoral siempre es bienvenido. Caiga quien caiga. Corresponde, con todo, que la tendencia sea sostenida y no selectiva.

En caso contrario, tal vez el juez Moro deba publicar en algunos años una revisión de su iluminador artículo, en la que dé cuenta de cuál fue el saldo político final de la operación que hoy guía sus pasos: el largo y decadente reinado de Silvio Berlusconi.

(Nota publicada en Le Monde Diplomatique).

[i] Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of  the Mods and Rockers, Paladin, St Albans, 1973.

[ii] http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/art20150102-03.pdf

[iii] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,democracia-insatisfatoria,10000027368