El impeachment a Dilma no es un golpe

«La apertura del juicio político a Dilma Rousseff enciende pasiones en Brasil, en la región e incluso más allá. Sus defensores internos se movilizan, la parte de la prensa internacional que simpatiza con ella señala la endeblez del cargo que la amenaza y lo que queda de los gobiernos “progresistas” de Sudamérica no puede evitar sentir que, si el Partido de los Trabajadores cae de este modo traumático, no hay para ellos lugar seguro bajo el sol.

La conmoción es explicable por lo que han significado en la historia reciente PT y Luiz Inácio Lula da Silva. Lo que resulta menos comprensible es el argumento que se esgrime en estas horas tensas como eje de ese respaldo: en Brasil se impone un “golpe parlamentario”.

Según los abogados de esa postura, continúa en el vecino una saga iniciada en Honduras en 2009 y perfeccionada en Paraguay en 2012. “Golpe a la paraguaya” es el otro apelativo.

Es imprescindible separar esos eventos y establecer que, independientemente de la valoración que merezca el “impeachment” de Rousseff, lo que está ocurriendo en Brasil no es de ningún modo un golpe de Estado.

En la madrugada del 28 de junio de 2009, un comando de las Fuerzas Armadas hondureñas irrumpió en la residencia del presidente Manuel Zelaya, lo detuvo y dejó al otro lado de la frontera con Costa Rica. Actuó, se dijo, por orden del Congreso debido a la insistencia de aquel de realizar un referendo no vinculante sobre la reelección presidencial, algo expresamente vedado por la Constitución. Lo que siguió es conocido: el Legislativo impuso en su lugar a su titular Roberto Micheletti, se vulneraron las garantías individuales, el país fue suspendido de la OEA, se retiraron numerosos embajadores y los organismos multilaterales de crédito quitaron su ayuda. La crisis terminó en noviembre, cuando nuevas elecciones consagraron a Porfirio Lobo.

En Paraguay, igual que en Brasil, el recambio se produjo a través de un juicio político, aunque sus condiciones fueron muy diferentes.

El miércoles 20 de junio de 2012, un legislador presentó una propuesta de juicio político contra el presidente Fernando Lugo, basada en cinco cargos que se resumían en la figura del mal desempeño. Dos días después, y a pesar de que al mandatario se le dieron dos escasas horas para presentar su defensa, el Senado decidió su remoción y lo reemplazó por el vicepresidente, Federico Franco. Se cuestionaron entonces los cargos, pero fundamentalmente el carácter express del procedimiento. El Mercosur suspendió a Paraguay en aplicación de la llamada “cláusula democrática”.

En Brasil, en cambio, el “impeachment” comenzó hace meses y siguió todos los pasos legales. El pedido se basó en la supuesta comisión de un “delito de responsabilidad”, como exige la Constitución, en este caso las llamadas “pedaladas” fiscales, el maquillaje del déficit público.

Tal figura fue, dice la acusación, una violación de la ley de Responsabilidad Fiscal, y quedó acreditada tras una votación de ocho a cero en el Tribunal de Cuentas de la Unión, el órgano de fiscalización del Congreso.

La presentación fue luego aceptada por el presidente de la Cámara de Diputados, tratado por una comisión especial y votado el domingo por más de dos tercios por el pleno, todo bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal, que más de una vez forzó correcciones del “rito”. Ahora será el turno del Senado, en varias instancias, hasta el juicio definitivo, probablemente en septiembre.

Difícilmente esto pueda asimilarse a sacar de la cama en pijama a un presidente, arrestarlo y arrojarlo en territorio extranjero. Tampoco a una parodia de juicio político que no respeta los principios más elementales del debido proceso y el derecho de defensa.

¿Esto significa que la embestida contra Rousseff no merece reproches? Para nada, solo que los mismos deben ser políticos, como política es la naturaleza del juicio en curso. Centrar la defensa de la jefa de Estado en el argumento del golpe es, además de impreciso, ineficaz para disuadir a los destituyentes: Brasil no es Honduras ni Paraguay, y una presión de ese tipo no lo condenará al aislamiento internacional.

Puede decirse, con fundamentos, que el “impeachment” es hijo del enojo social con la crisis económica y de escándalos de corrupción selectivamente tratados por jueces y medios, de modo de enfatizar solo lo que toque al PT (cuyas responsabilidades, por otra parte, son inocultables). Puede recordarse que la oposición recorrió mil caminos para llegar a este desenlace y que el juicio político no es más que el modo en que logró enmarcar su intención. Puede señalarse que todos los antecesores de Rousseff incurrieron en las “pedaladas” y que incluso lo hizo su vice, Michel Temer, quien eventualmente la reemplazará. Puede afirmarse que varias decenas de quienes votaron en su contra en Diputados no deberían atreverse siquiera a levantar su voz debido a sus antecedentes con forma de prontuario.

Ante un juicio político, lo que cabe es un debate político, no una denuncia de golpe poco convincente y peligrosa, ya que banaliza un fenómeno que asoló largamente a nuestra región y que, posiblemente, pueda volver a proyectar su sombra alguna vez.

Si se da la discusión adecuada, al final del camino se advertirá que, sí, lamentablemente, la política suele ser injusta. Pero también que da revancha.

(Nota publicada en el diario Río Negro).