Las paradojas del juicio político a Dilma

Brasil entrega muchas noticias cada día, todas dramáticas y en sucesión frenética. Ayer, la fallida asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete y el limbo en que quedaron sus deseados fueros fue rápidamente opacada por la apertura formal del juicio político contra Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados. La trituradora se puso, al fin, en movimiento.
Este hecho llegó jalonado de varias paradojas. La más visible es que el cargo que motiva el proceso de “impeachment” no tiene nada que ver con las revelaciones de corrupción que pusieron al país al borde del estallido. Se trata en realidad de las “pedaladas” fiscales, esto es el supuesto maquillaje de las cuentas públicas en 2014 para ocultar la verdadera cuantía del déficit fiscal. Ese supuesto “crimen de responsabilidad” entró el año pasado con fórceps, recordemos. Por un lado, porque hubo que ampliar los fundamentos de la denuncia para que los efectos de la falla administrativa influyeran en las cuentas de 2015, esto es en el mandato actual, requisito para el juicio político. Por el otro, la clase política brasileña se dispone a sancionar una práctica que había sido común a todos los presidentes anteriores.
Otra paradoja es que el proceso, que comenzó ayer con la elección de la comisión especial que deberá evaluar su mérito, se puso en marcha bajo la conducción del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, investigado por la aparición de casi cinco millones de dólares en cuentas suizas que había negado tener y considerado por sus pares como un extorsionador consumado.
Otra, acaso la última, es la presencia en dicha comisión del diputado Paulo Maluf, exalcalde de San Pablo, sospechado en infinidad de ocasiones por corrupción y condenado en 2015 en Francia a tres años de prisión por lavado de dinero desviado de ese municipio. A veces confunde pensar quién escruta a quién.
La instancia institucional es, desde ya, decisiva para la suerte de Dilma y, con ella, la del legado histórico del Partido de los Trabajadores, a esta altura manchado sin remedio. Pero el juego no se define en el Congreso, sino en la calle: es allí donde los gobiernos realmente caen.
La oposición brasileña no ocultó en la previa de las marchas del domingo último que solo una enorme demostración de furia ciudadana podría volcar la balanza contra la desangelada mandataria. Ni oficialistas ni opositores se atrevían antes de eso a asegurar que tenían los votos para ya sea forzar o evitar su destitución.
Las movilizaciones fueron impactantes y la presión sobre el Gobierno se hizo extrema. La jugada de la jefatura de gabinete para Lula da Silva fue una imposición de esa realidad y su destino, con o sin cautelares, puede resultar igualmente estéril.
A la calle apeló también el juez federal del “Lava Jato”, Sérgio Moro, quien reaccionó a la inminencia de que la causa contra Lula, su presa más codiciada, pasara al Supremo Tribunal Federal con una jugada que no fue jurídica sino política. Difundió el miércoles el resultado de varias escuchas, una de ellas practicada solo horas antes y fuera del plazo legal que él mismo había impuesto a la pinchadura del celular de un asistente del expresidente. Era la más estratégica, en la que Dilma parecía estar actuando solo para blindar a su padrino. Curioso: Moro dijo no ver indicios de delito en ello, pero los fiscales que lo auxilian pusieron el grito en el cielo, el grupo Globo dio aire a esa interpretación y la calle volvió a arder. Ayer, a modo de justificación, Moro dijo que la cuestión de los plazos para pinchar los teléfonos no le parece relevante. Natural: lo que surge de allí no es una prueba jurídica sino una bala política.
Pero hasta ahora solo hablamos de una calle, la controlada por los movimientos sociales y partidos opositores. ¿Y el PT? ¿Cuándo sale?
Eso ocurrirá hoy, según prometen los “sintierra”, la Central Única de Trabajadores (CUT) y otros grupos. Habrá muchísima gente, pero es casi imposible que sea tanta como en el aluvión humano del domingo. El peligro de violencia cruzada persiste y, aunque sea duro decirlo, acaso sea el único freno que persiste, solo por ahora, en el camino a la destitución.
La base electoral petista, formada los pobres no encuadrados de los suburbios, no tiene una gran tendencia a salir a la calle. Además, el desánimo ante corruptelas que son inocultables se percibe claramente y poca gente se compromete en una causa que siente perdida.
Se avecinan más días frenéticos. La comisión especial de diputados designada ayer tiene un plazo de quince sesiones para votar sobre el mérito del juicio político y, eventualmente, elevarlo a consideración del pleno. Su composición hoy luce equilibrada, pero el desgaste del Gobierno, el mero paso del tiempo y la elección del Rogério Rosso como presidente y de Jovair Arantes como instructor, dos aliados de Cunha, hacen pensar en un futuro difícil para Dilma.
En el pleno de la cámara baja hacen falta dos tercios de los votos (342 sobre un total de 513 legisladores) para que el “impeachment” sea elevado en juicio al Senado, lo que puede ocurrir entre fines del mes que viene y principios de mayo.
Bastará entonces con que la cámara alta le dé ingreso al tema por simple mayoría para que la Presidenta sea suspendida por 180 días.
Si las cosas llegan tan lejos, la redención será una quimera.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).