Brasilia – Que los mercados festejen cada vez que la operación “Lava Jato” pone contra las cuerdas al Gobierno de Brasil tiene varias explicaciones. Por un lado, indica la satisfacción del sector financiero por ver cerca el fin de una era política en la que, a pesar de haber ganado mucho dinero, nunca fue feliz. Y pensar que hay quienes dicen que la plata lo es todo… Además, crece el consenso en la comunidad de negocios de este país de que la crisis es, antes que nada, política.
No por nada la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) acaba de anunciar oficialmente que participará el domingo en las manifestaciones nacionales que pedirán la renuncia o destitución de Dilma Rousseff, las que, si son muy masivas, podrían comenzar a precipitar los acontecimientos, dicen los analistas locales.
Las decisiones de la mandataria en su primer cuatrienio, demasiado expansivas en lo fiscal y muy intervencionistas para el delicado gusto local, llevaron la economía a un estancamiento, pero en un principio sus fundamentos seguían siendo sólidos. Luego, los repetidos escándalos de corrupción les quitaron a las autoridades toda capacidad de imponer la agenda y, sin liderazgo, no habrá mejora posible, aseguran los hombres de negocios.
El argumento es peligroso. Que se busque remover a un presidente por actos de corrupción es correcto. Pero hasta los críticos más feroces de Dilma están convencidos de que ella no robó. De Luiz Inácio Lula da Silva no dicen lo mismo, claro. Entonces, a aquella se la penaliza en buena medida por su mala praxis. El problema es que la Constitución brasileña no prevé semejante posibilidad. Es más, exige en un caso de “impeachment” que se pruebe un “crimen de responsabilidad”, esto es un delito. Entre el repudio a la corrupción y las movidas destituyentes puede no haber una distancia tan larga.
La Argentina se juega una parada brava en lo que está ocurriendo aquí. Por un lado, porque el viento de la economía internacional sopla de frente para todos los países emergentes. Y Brasil, principal socio comercial de nuestro país, directamente se está desplomando.
La soja no es lo que era y con un Brasil en un proceso que ya no puede describirse como simplemente recesivo las cosas se hacen más complejas. El sector automotor es el mejor ejemplo. Y este es el principal vector de nuestra industria nacional.
A la caída del 3,8% del PBI brasileño del año pasado le seguirá este una de, al menos, el 3,5%, cifra que algunos bancos de inversión internacionales estiran al 4 y aun al 5%. ¿El 2017? Para muchos también parece jugado y sin visos de una gran recuperación.
De concretarse ese escenario, se impondría un condicionante económico demasiado pesado para un Gobierno argentino que apunta a fortalecerse en los comicios legislativos de octubre del año que viene.
Los estragos que el escándalo de Petrobras les está causando a gigantes como Odebrecht y otras compañías tampoco ayudan a que Brasil salga del pozo. Con el precio del crudo por el piso, la petrolera piensa más bien en desinversiones y en cancelaciones de proyectos de expansión. Además, ¿qué funcionario se anima hoy a cerrar acuerdos comerciales con empresas contratistas tan sospechadas e imbricadas con el Estado en una trama de corrupción? Todo contribuye aquí a una parálisis de las inversiones.
Por eso, para Odebrecht la Argentina es una prioridad, según le dijeron a Ámbito Financiero responsables de la compañía. Maniatada en Brasil, pretende aprovechar el prometido auge de obras de infraestructura en el vecino. Así, el enésimo anuncio del soterramiento del ferrocarril Sarmiento es su primer acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri.
Otro aspecto de fuerte interés para nuestro país es el funcionamiento de la figura de la “delación premiada”, que permite al empresario o funcionario que participa en un hecho de corrupción, pero que confiesa su culpa y entrega a peces más gordos, acceder a una reducción en su condena. Esto es particularmente relevante cuando Macri acaba de anunciar que impulsará una “ley del arrepentido”, en la versión criolla permitiendo a los que cooperen con la justicia optar por penas en grado de tentativa para los delitos en los que hayan incurrido.
El ejemplo brasileño muestra que la figura es muy eficaz en la lucha contra la corrupción, que genera mucha información, arrestos en cadena, condenas… El problema es cuando los operativos no tienen fin, cuando la delación premiada se conjuga con detenciones preventivas interminables, verdaderas condenas anticipadas que pasan por encima de cualquier presunción de inocencia y que son establecidas con el único fin de quebrar a los sospechosos.
El ejemplo brasileño muestra que el esquema es útil y puede utilizarse, pero con las debidas salvaguardas, que limiten el poder de magistrados que pueden caer en el abuso.
Pero con eso no alcanza. Condenar a los corruptos es imprescindible, ¿pero cómo evitar que esos larguísimos procesos provoquen daños políticos y económicos como los que se ven aquí?
Acaso la respuesta sea que perseguir esos delitos es necesario pero no suficiente. Todas las instituciones deben fortalecerse, no solo las judiciales. Sobre todo las que evitan el ingreso de dinero negro en la financiación de la política y las que detectan a tiempo los esquemas de lavado de dinero y las concesiones injustificables. En definitiva, los organismos de control que evitan que las malas prácticas tengan lugar.
Sociedades culturalmente permisivas con la corrupción y sistemas institucionales ineficaces para evitarla propician que se desate el incendio. Apagarlo puede probarse una tarea interminable y peligrosa.
Marcelo Falak 