La oposición de Brasil teme que el operativo contra Lula sea un bumerán

La oposición brasileña teme que la polémica por la “conducción coercitiva” de Luiz Inácio Lula da Silva, realizada el último viernes por la Policía Federal para que declare en el marco del “Petrolão”, termine fortaleciendo la imagen del expresidente, quien se ha presentado como víctima de una persecución judicial. Así, algunos de sus principales referentes decidieron ayer abandonar por el momento el foco en la situación procesal de aquel y concentrarse en Dilma Rousseff, reactivando los trámites para destituirla.
Mientras, hoy denunciarán el uso indebido del avión oficial por parte de la jefa de Estado para asistir el sábado al domicilio de Lula en Sao Bernardo do Campo, donde le brindó su apoyo.
Así lo informó ayer el influyente diario Folha de Sao Pulo, uno de los más duros detractores del Partido de los Trabajadores.
En lo que describe como un intento de “no alimentar el movimiento” hacia una victimización de Lula da Silva, el diario paulista asegura que la oposición acordó que a partir de esta semana “va a centrar el foco de su actuación política en el ‘impeachment’ de la presidenta Dilma Rousseff y en la ofensiva contra su reelección, trabada en el Tribunal Superior Electoral”, que investiga el supuesto uso de dinero sucio en la campaña y que podría invalidar el resultado de los comicios de octubre de 2014.
“Ese guion prevé también que, para las preguntas sobre Lula, solo habrá una respuesta: es un asunto que debe ser tratado por la policía y por la justicia”, añade.
Es que el impacto por la “conducción coercitiva” del exmandatario ha sido muy fuerte y ni siquiera agradó a muchos de los brasileños que están convencidos de que incurrió en actos de corrupción.
“En mi opinión, hay un sentimiento mayoritario de que Lula es culpable, pero también que no debe ser condenado de cualquier modo ni con procedimientos abusivos”, le dijo a Ámbito Financiero desde Brasilia Marcelo Rech, director del Instituto InfoRel.
Los fiscales de la operación “Lava Jato” defendieron la decisión de llevar forzadamente a Lula da Silva al aeropuerto paulista de Congonhas para que declarara y el juez federal que autorizó su pedido, Sérgio Moro, la justificó en la necesidad de evitar incidentes con simpatizantes petistas.
Los juristas se dividieron sobre la cuestión, incluso dentro del Supremo Tribunal Federal: algunos la avalaron, otros la condenaron. Como se sabe, todo tiene dos bibliotecas y la politización del mundo judicial es un fenómeno extendido. Pero desde el análisis político cabe decir que si hay pruebas de que recibió coimas, Lula da Silva debería ser arrestado; y si no las hay, la privación de su libertad, aunque se haya limitado a pocas horas, no tiene justificación posible.
El punto de vista del analista Rech es validado por algunos indicios. La encuestadora Vox Populi, una de las más importantes de Brasil y que se ha distinguido más por trabajar para la oposición que para el petismo, realizó una compulsa en las redes sociales. Claro, esto no es una encuesta sino solo la medida del estado de ánimo de quienes se vieron motivados a responder. Entre estos, unos 15.000 hasta ayer, el 56% dijo desaprobar la inclusión del expresidente en la investigación del “Lava Jato”, y el 65% calificó la “conducción coercitiva” como una exageración.
El cargo, en tal caso, le corresponde al juez federal de Curitiba (Paraná), Sérgio Moro, quien justificó el procedimiento en la necesidad de garantizar la paz social y la integridad del sospechoso. No logró lo primero y seguramente Lula da Silva no sintió que se asegurara lo segundo.
Idolatrado por las clases medias que ven en él un adalid de la lucha contra la corrupción, Moro es cuestionado desde hace tiempo por sus polémicos procedimientos. Él mismo los anticipó en 2004 en un artículo que publicó en la Revista del Centro de Estudos Judiciários, titulado “Consideraciones sobre la operación Mani Pulite”. En él mismo, el jurista analiza la aplicación a Brasil de la ofensiva de los magistrados “Mani Pulite”, que arrasaron con la política tradicional italiana en los años 90.
En ese artículo, Moro señala que la misión de los “jueces de ataque” no es meramente combatir la corrupción sino “rediseñar el marco político”. En Italia y, se presume, en Brasil.
Para conseguirlo, aconseja basarse en tres elementos: las prisiones preventivas prolongadas, como medio para forzar confesiones; la figura de la delación premiada, para que los arrepentidos obtengan descuentos en sus condenas a cambio de que impliquen a peces más gordos; y una divulgación amplia a través de “medios amigos” que ayuden a crear el clima social conveniente contra los corruptos.
Todo lo dijo claramente en ese texto revelador y lo practica hoy en sus procedimientos. Son espectaculares y los entrega como si fueran fascículos: el virtual arresto de Lula fue la fase numero 24 del Lava Jato. Los filtra generosamente a la prensa. Arresta a grandes figuras, desde políticos hasta empresarios. Convierte la prisión preventiva en una herramienta extorsiva: Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora homónima, la más grande de América Latina, permanece en prisión desde junio del año pasado con el fin de que, de una vez por todas, delate a Lula.
Todo lo dicho no es un alegato en favor de la inocencia de Lula. Al contrario, hay fuertes sospechas de que actuó antes y después de ocupar el poder como un “lobbyista” de grandes empresas. Bajo sus narices, además, varios de los principales líderes del Partido de los Trabajadores montaron el “Mensalão” y luego el “Petrolão”, en definitiva dos vastos esquemas de corrupción para la compra de apoyos políticos a cambio de miles de millones de dólares fondos públicos. ¿Pudo realmente no saber nada de eso?
Lo que se discute es cómo lidiar con esos indicios. Un sospechoso no es un culpable. La prisión preventiva no es una condena anticipada. La presunción de inocencia nunca debe ser vulnerada.
Por momentos, el Brasil desbordado de estos días se parece a una república sin republicanos.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).