Una semana de Macri

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Una semana justo. Siete días de vértigo desde la asunción de Mauricio Macri, en los que pasaron muchas cosas que ameritan una reflexión.

Reflexión propia, desde ya discutible y nunca exhaustiva. En tiempos en los que el kirchnerismo puso de moda que decir «desde qué lugar» habla uno, lo aclaro: desde toda la independencia de criterio de la que soy capaz. Como en toda mi vida periodística sé que eso equivale a no dejar contento a nadie, a ningún sector, pero creo que de ese se trata justamente: simplemente decir lo que uno piensa. Vamos.

 Lo más urgente es (¿parece?) la devaluación. Aunque lo llamen «sinceramiento», es una devaluación y no hay por qué escaparle a la palabra. 

La culpa de su ocurrencia no es de Macri sino de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que convalidaron un fenomenal atraso del tipo de cambio. Lo usaron de modo irresponsable como ancla para que no se escaparan (más) los precios. Evolucionó siempre por debajo de la inflación. ¿Pruebas? El descalabro de las economías regionales y las secuelas electorales que se comprobaron el 25O y el 22N. El freno de la inversión externa, la caída de las reservas del BCRA y la restricción de divisas. La caída vertical de las exportaciones industriales. Los problemas de los productores pequeños y medianos de granos. Y, lo más evidente, la imposición de controles por cantidad a las importaciones y el auge de los viajes al exterior.

Creo que es hipócrita o equivocado achacarle la devaluación  al nuevo Gobierno, pero le corresponde enteramente a este su magnitud. Aunque primó cierto buen sentido y demoró una semana en concretarse (no se produjo, como se había prometido, el 11 de diciembre) se la realizó en medio de una promesa de ingreso de dólares al Central, no con poder de fuego en serio. Ese fue, y no otro, el debate de la campaña electoral: gradualismo o shock. Se optó por el shock y el resultado es, más o menos, una suba del dólar del orden del 45%. Enorme.

Esto, desde ya, será un golpe enorme al salario, al poder de compra de las clases populares y al mercado interno del que vive buena parte del tejido industrial, sobre todo pyme. ¿Era necesario que fuera de este modo? ¿Cuánto sufrirá el empleo?

Evidentemente, esto da por tierra con la promesa increíble de los principales economistas del macrismo de que la devaluación sería inocua, porque, decían, todos los precios de la economía ya estaban fijados al dólar bolsa. Se comprobó, con la mera expectativa de una devaluación, que eso era sencillamente mentira.

Ahora viene la etapa de encontrar la cuadratura del círculo: ¿cómo evitar que la devaluación pase a precios?

Primera aclaración: la base cien de eso no es hoy, 17 de diciembre, sino las semanas previas, cuando la harina de trigo subió un 100 %, el pan un 25 % y la carne cerca de un 30 %.

Segunda: la cuadratura del círculo no existe. Entonces el traspaso a precios se limitará a través de una recesión que nos acompañará, al menos, en el primer semestre d 2016. Para eso se limitarán a través de un vaporoso «pacto social» los reclamos salariales y se mantendrán muy altas las tasas de interés. Sin enfriamiento de la economía, la devaluación sería inútil, ya que los precios subirían pronto en una medida suficiente para esterilizar la ganancia de competitividad deseada.

Hablando de la magnitud de la devaluación, me hago una pregunta: ¿por qué se la acompañó de una reducción tan drástica de retenciones, 5 puntos para la soja y absoluta para todo el resto de los productos exportables? La eliminación del 23 % que regía para el trigo y del 20 % para el maíz, sumada a la devaluación, implica casi la duplicación en pesos del valor de esos productos básicos de la dieta popular, cuyo costo se internacionaliza plenamente. ¿Era necesaria semejante transferencia regresiva del ingreso para hacer rentables esas producciones? La secuencia no es inocente: primero retenciones, juego devaluación. Habría sido más racional que fuera al revés, ver primero qué rentabilidad aficional generaba la liberación cambiaria. 

En lo sucesivo seguirá el sinceramiento de las tarifas de luz y gas para el área metropolitana. Mismo esquema: culpa plena de las causas que la imponen del kirchnerismo saliente. Culpa que, además, se traduce en una absurda falta de inversiones en distribución y cortes irritantes del servicio. Si se congelaron por años tarifas y se decidió que las inversiones corrieran por cuenta del Estado, ¿qué sentido tuvo mantener como intermediarios a concesionarios privados? De cara al futuro, queda por verse aún qué lugar dará el Gobierno al gradualismo y qué lugar al shock.

En lo político es para celebrar la profesión de fe dialoguista del macrismo. El problema es que eso ha tenido hasta ahora una pobre traslación a los hechos. El nombramiento de jueces para la Corte Suprema en comisión es un peligroso disparate (la evaluación política va por mi cuenta; la jurídica la tomo de numerosos constitucionalistas insospechables de kirchnerismo). Tras la reunión entre el Presidente y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se anunció que la justa de los dos nuevos ministros se pospuso. Por ahora eso no implica una marcha atrás. No basta con que se abra antes de la jura el proceso previsto en el decreto 222: el Senado debe votarlos antes si no se quiere violentar gravemente el orden institucional.

Otro tanto cabe decir sobre las presiones para que renuncie la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien, como se sabe, goza de estabilidad en su cargo. Un DNU que modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público no podría tener efectos retroactivos en ningún país civilizado, y el cuestionamiento de su constitucionalidad debe ser a través de la justicia, un proceso necesariamente largo. ¿Se la acusa de «militante»? Que se lo pruebe en un juicio político, como corresponde.

Lo mismo pienso en el caso de Martín Sabbatella al frente de la AFSCA. Aunque su aplicación de la «ley de medios» ha sido pobre y partidista (en esto hago mía la opinión de especialistas a quienes respeto), otra vez, su destitución debería ajustarse a la ley. No se puede someter a la ASFCA, violando las normas vigentes, a un Ministerio de Comunicación cuyo titular, para peor, cree que es absurdo que una ley limite las facultades del Presidente.

Y ojo con  los DNU: no tener mayoría en el Congreso no es justificación para gobernar por decreto. Al votar, el pueblo decidió poner un Poder Ejecutivo y también un Legislativo en el que aquel tiene la posición que tiene. Hay que sentarse y negociar normas consensuadas. Lo otro es una actitud autoritaria que puede llevar a que recordemos con nostalgia la etapa de la «escribanía».

No se puede dudar ni por un segundo de las credenciales democráticas de origen del Gobierno. Y mientras haya mecanismos institucionales que permitan corregir desvíos (el Poder Judicial, sobre todo) esas credenciales seguirán siendo vigentes. Lo mismo pensaba cuando el kirchnerismo se excedía y algunos denunciaban que vivíamos en una dictadura. Los Gobiernos, en todos lados, suelen ir más allá de sus facultades; la cuestión es si hay en pie un sistema capaz de contenerlos.

Si me provocaron preocupación algunos nombramientos ministeriales que bordean el conflicto de interés, me alarman directamente los conocidos en la Unidad de Información Financiera. Se trata directamente de abogados que representaban a empresas acusadas y que litigaban contra la propia UIF.

Las carencias del kirchnerismo en materia de controles e institucionalidad fueron evidentes y deberán ser recordadas. No se debe empeorar ese récord en aras de una supuesta normalización de la República.

Sé que esas actitudes del nuevo Gobierno han decepcionado (parcialmente, como es lógico) a algunos de quienes lo votaron. Bien por ellos. Nadie les dijo que se cometerían abusos y, con cu actitud, le marcan la cancha con honestidad. En mi caso, nunca creí demasiado en las convicciones republicanas de la mayoría de los actores político.

En síntesis: una coyuntura difícil, gestionada con un criterio discutible. Pero no hay lugar para quejas: quienes votaron a Macri tuvieron toda la información sobre cuáles serían las primeras decisiones, sobre todo en lo económico. Eso se eligió y eso hay que respetar, dando las peleas políticas que haga falta, claro, pero dentro de lo que establece el sistema. Esto incluye la esgrima parlamentaria, la actividad sindical, el derechos de protesta...

Lo demás pasa por el ambiente. Es inevitable, como se probó con creces en la era K, el surgimiento de comunicadores obsecuentes. Ojo, no digo oficialistas. Lo segundo es lícito; lo primero da vergüenza ajena.

Lo que uno espera en todo caso es que las nuevas autoridades no se entreguen alegremente a las mieles de la adulación. Eso es comenzar a recorrer un camino peligroso.