El “Petrolão” ya amenaza con no dejar nada en pie

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Primero fue una saga interminable de denuncias cotidianas contra varios de los empresarios más poderosos de Brasil y funcionarios del oficialismo sospechados de haber hecho negociados multimillonarios a expensas de Petrobras. Varios acusados, actuando como «arrepentidos» interesados en obtener rebajas para sus seguras condenas, alimentaron luego las investigaciones y ampliaron su onda expansiva. El martes, todo escaló con una serie de allanamientos a fincas y oficinas de tres senadores, entre ellos un abonado a los escándalos: el inefableFernando Collor de Mello. No por nada Luiz Inácio Lula da Silva viajó ese día de urgencia a Brasilia para entrevistarse con Dilma Rousseff y advertirle: «Preparate, porque las cosas van a empeorar».

No se equivocó. Ayer el golpe fue doble: la noticia de que el Ministerio Público investiga por «tráfico de influencias» en un caso conexo al propio Lula y la denuncia de otro delator contra el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo CunhaLa clase política entró en un estado de pánico total en Brasilia ante un tsunami político-judicial que amenaza con barrer todo a su paso.

Los reflejos de los senadores ante los allanamientos fueron de defensa corporativa. Denunciaron abusos de la Policía Federal, embistieron contra el Supremo Tribunal Federal (corte suprema) que le había dado mandato y amenazaron con escalar hacia un conflicto de poderes. La «honra» de Collor no es el único motivo para la alarma: la lista de sospechosos en el cuerpo excede a los tres allanados y se sabe que se siguen los pasos del presidente de la casa, Renan Calheiros, aliado del ya dos veces caído en desgracia exmandatario.

Correligionario de Calheiros y competidor de él dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB),Cunha apuntó en otra dirección: el Gobierno y la propia Dilma Rousseff. Sin mucho disimulo, la amenazó ayer con calculada ambigüedad con dar vía libre a un posible juicio político y mencionó sus deseos de sacar al PMDB de la alianza de Gobierno. No parecen exagerar los que sugieren que presiona en busca de protección política.

La gran pregunta es si Dilma quiere o incluso puede hacerlo. Hasta Lula da Silva la maltrató hace poco al filtrar a la prensa su impresión de que la Presidenta está «inerte» ante las acusaciones que la acorralan tanto como a él y sus intenciones de volver al poder en 2018.

Leonardo Attuch, editor responsable del sitio Brasil247, mencionó en una interesante columna un hecho importante: tras el receso legislativo que está comenzando, Dilma tiene que decidir si ratifica en su cargo al procurador general de la República, Rodrigo Janot. Para Cunha, eso equivaldría a una declaración de guerra que podría desatar la concreción de todas sus amenazas. Pero hay que advertir que no es mucho el margen tiene la presidenta para hacer lo contrario e intervenir de ese modo contra la acción de los fiscales que sorprenden día a día al país con sus denuncias.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, declaró el miércoles ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del caso Petrobras. «Un ministro no puede controlar las investigaciones» judiciales, se justificó allí. Y confesó: «Los cargos públicos producen fatiga de material».

El problema es el descrédito general, el fango que todo lo ensucia. Mucho se habló de una encuesta reciente de Datafolha según la cual Dilma es aprobada sólo por el 10% de los brasileños. Menos se reparó en que el aval popular a la actuación del Congreso arroja en distintos sondeos niveles muy similares.

Los políticos brasileños se alarman, se pelean, se amenazan. La duda es quién quedará en pie para juzgar a otros cuando se agote el combustible del «Petrolão».

(Nota publicada en Ámbito Financiero).