En las democracias, es la voluntad popular lo que consagra a los gobiernos, pero en todas partes del mundo el poder del dinero influye cada vez más a la hora de producir el voto. ¿Qué decir, entonces, si esa democracia es, además de una de las más antiguas y consolidadas, el principal centro del poder económico mundial?
Hablamos, claro, de los Estados Unidos, donde el multimillonario Donald Trump desafió ayer a las encuestas y decidió destinar una parte de su fortuna a su sueño de convertirse en noviembre del año que viene en “presidente del mundo”. Pero el suyo es solo un caso, posiblemente el más extravagante pero de ningún modo el único que permite ilustrar esa tendencia. Otro es el de los ultraconservadores hermanos Charles y David Koch, que prometieron donar y ayudar a recaudar unos u$s 1000 millones para los candidatos republicanos. Esa cifra es, digamos al pasar, lo que se calcula que cuesta poner a un candidato en la Casa Blanca. Con menos despliegue pero con exigencias muy claras de contraprestaciones al vencedor, aparecen también en la lista magnates como el buitre Paul Singer, entre muchos ricos e influyentes.
Las campañas electorales estadounidenses se financian a través de diversos canales, que difieren mucho de lo conocido en la Argentina pero no resultan necesariamente mejores ni más transparentes.
Uno, el más tradicional y cuyo formato data de 1944, cuando Franklin Delano Roosevelt buscaba su tercera reelección, es el de los Comités de Acción Política. Según se los define en el sitio opensecrets.org, los PAC son organizaciones creadas “con el propósito de recaudar u gastar dinero para hacer elegir o derrotar candidatos”. La mayoría de ellos “representan intereses empresariales, sindicales o ideológicos”.
Cada PAC puede aceptar un máximo de u$s 5000 de cada donante, quien además debe ser una persona física. Esto es, los accionistas de una empresa o los afiliados a un sindicato pueden donar hasta esa suma a título individual, no de sus respectivas organizaciones. Todos los PAC deben registrase ante la Federal Election Commission (FEC), que realiza los debidos controles sobre los límites y las fuentes de las donaciones.
Pero esta forma de financiación de la política estadounidense, que convive bien en los tiempos de internet con las pequeñas donaciones individuales que hicieron la diferencia en 2008 con la marea de Barack Obama, es parte de una época romántica y perimida. El gran cambio se dio hace muy poco, en 2010, en el marco de una sociedad y una actividad política y judicial cada vez más influidas por tendencias conservadoras.
Una serie de fallos de la Corte Suprema (la misma que por omisión decidió contra la Argentina en el juicio de los fondos buitres) cambiaron drásticamente las reglas del juego. Entre ellos sobresalió el de la organización SpeechNOW.org contra la FEC, en el que el alto tribunal consideró que limitar las donaciones lesionaba la Primera Enmienda, la que garantiza la libertad de expresión. Ese mismo año, en el caso planteado por el grupo Citizens United, la Corte había determinado que los aportes económicos independientes a las campañas no pueden ser considerados causales de corrupción o de contraprestaciones ilegales.
Esas decisiones dispararon la proliferación de un nuevo tipo de comité, los llamados Super PAC, habilitados para recaudar sumas ilimitadas y ya no solamente de individuos, sino de grandes empresas o sindicatos, que son otra fuente de dinero grande en la política norteamericana. En un hecho interesante, los fondos de estas organizaciones pueden servir para promover a un candidato o, en cambio, para destrozar la reputación de otro, por caso en avisos pagos en la televisión u otros medios.
El dinero y la identidad de los donantes de los Super PAC deben ser también declarados periódicamente a la FEC y, dado el carácter independiente de esas organizaciones, no puede ser entregado directamente a los candidatos.
Según opensecrets.org, “hasta el 8 de abril de este año, 1360 grupos organizados como Super PAC declararon u$s 696,011 millones y gastos independientes totales de u$s 346,87 millones en el ciclo 2014”. Dinero suficiente para generar simpatías y antipatías.
Pero hay más (y más controvertido). Las organizaciones políticas sin fines de lucro (“political nonprofits”, en la jerga) se han convertido en una tendencia impactante en los últimos tres años, agrega opensecrets.org. “El término ‘dinero oscuro’ a menudo se aplica a esta categoría de gastos políticos porque esos grupos no tienen que exhibir sus fuentes de financiamiento”, añade la entidad que aboga por la transparencia de la política de los Estados Unidos.
Las “nonprotits”, de este modo, “pueden recibir contribuciones corporativas, individuales o sindicales ilimitadas que no necesitan hacer públicas, y aunque se supone que su actividad política tiene límites, el IRS (la AFIP estadounidense) suele hacer poco para hacerlos cumplir”. Su crecimiento ha sido explosivo, y llegaron a captar u$s 300 millones en las elecciones de 2012, cuando Obama fue reelecto.
Además del inefable Trump, esta semana se lanzó Jeb Bush, exgobernador de Florida y uno de los favoritos para quedarse con la nominación republicana tras las primarias que comenzará en febrero próximo. Sus rivales internos recelan de él: dicen que no solo las encuestas le sonríen sino que se ha acercado, aun antes de oficializar su postulación, a una recaudación de u$s 100 millones estirando los límites legales más allá de todo lo conocido. ¿Cómo? En buena medida, justamente a través de una “nonprofit”, llamada “Right to Rise Policy Solutions” y fundada en febrero por un exasesor, Bill Simon, además ex-CEO de Wal-Mart. ¿Un testaferro, un “alter ego” del candidato”, algo que la ley prohíbe? Algo difícil de probar, pero de lo que se hablará mucho en los próximos meses.
Marcelo Falak 