La vieja cuestión nacional permaneció en buena medida dorminda a lo largo de casi todo el siglo XX en Europa, tanto al este como al oeste. En la primera región, durante la larga noche soviética, en la que un ficticio internacionalismo de solidaridad obrera era una excusa eficaz para la represión política. En la segunda, y sin que la Guerra Fría tampoco fuera ajena, de la mano de la construcción europea, que prometía un futuro de progreso interminable a todos los países que aceptaran una gradual dilución de la antigualla de la soberanía nacional.
Por supuesto, ETA en el País Vasco y el IRA en Irlanda del Norte apostaban al terrorismo, pero esa violencia demencial era la mejor demostración de impotencia para imponer un ideal que no encontraba ningún cauce político viable. El relato de esos conflictos era un permanente recuento de muertos, un goteo de descrédito que sólo servía para neutralizar aspiraciones legítimas.
No es casual que éste sea el momento de un reverdecer de los sentimientos nacionales ni que los más desafiantes lleguen desde algunas de las regiones más ricas del continente.
La crisis financiera de 2008/2009 encontró como única salida la receta alemana, esto es el ajuste a ultranza, que generó dolor en los eslabones débiles de la Unión Europea (a los que encima se estigmatizó como PIGS) y un resentimiento al principio sordo en algunas regiones centrales.
El nacionalismo volvió a convertirse en un tema allí donde ese resentimiento -producto de impuestos crecientes, ingresos menguantes y servicios sociales recortados- se encontró con tradiciones locales fuertes. Era la rebelión de los ricos.
En Escocia, las tirrias históricas con los ajustes thatcherianos perdieron la válvula de escape de la izquierda con la llegada del Nuevo Laborismo de Tony Blair. Hasta que un día la pregunta de por qué los escoceces pagaban más impuestos que el promedio de los británicos encontró en el nacionalismo un cauce político.
En efecto, estudios sobre el año fiscal 2012-2013 hallaron que la región tributó 800 libras per cápita más que el promedio del Reino Unido, esto es unos 1.280 dólares. En términos agregados, el 9,1% de los ingresos tributarios se generaron en Escocia, donde vive el 8,3% de la población británica. El desfasaje saltaba a la vista.
Todo en el contexto de recortes a los servicios sociales, sobre todo en salud, algo especialmente irritante para una región petrolera que prefiere mirarse en el espejo del Estado benefactor de Noruega que en el privatismo a ultranza de Londres. No casualmente, los tres principales partidos británicos (unionistas) le prometieron el martes a Escocia, en un rapto de desesperación, ampliar su autonomía en el manejo de los fondos del NHS, el servicio nacional de salud.
David Cameron, en su cruzada por vaticinarles el Armagedón a los votantes independentistas, recordó que el déficit fiscal escocés es mayor que el del Reino Unido, lo que, afirmó, en caso de escisión obligará a los contribuyentes a pagar más impuestos y a empobrecerse. Pero es sabido que las estadísticas son una materia extraordinariamente flexible: desde el otro bando le recordaron que eso sólo ocurrió en 2012/2013 debido a la caída de los ingresos petroleros (que darían cuenta del 90% del total en una nueva Escocia), y que en los cinco años fiscales precedentes la relación fue inversa (un rojo 7,2% del PBI local contra uno del 8,4% del Reino Unido). Más claramente: los escoceses financian el dispendio de Londres y cargan con una deuda creciente sin tener culpa alguna.
Mientras, los catalanes miran. Sus reclamos son similares: los 7,5 millones de habitantes de la región son el 16% de la población española, mientras que su PBI da cuenta del 20% del total. En tanto, lo que viaja a Madrid como impuestos excede lo que regresa como coparticipación. Para los nacionalistas, 20.000 millones de euros por año, cifra que Mariano Rajoy reduce a 2.000 millones.
El agujero fiscal, en tanto, sí que es un problema mayor en Cataluña, sólo que la receta del ajuste perpetuo no es ya una solución aceptada mansamente en una España con más del 25% de desempleo abierto y cerca del 50% entre los jóvenes.
Otra región que cabría poner en la lista de los futuros desafíos separatistas si Escocia sienta hoy un precedente es Flandes, la más rica de Bélgica. No puede descartarse una fractura en el país que es sede del complejo entramado institucional de la UE.
El recorrido podría seguir con otras regiones ricas, como el País Vasco en España y la Padania en el norte de Italia, cuyos reclamos han decaído en los últimos años pero podrían volver con fuerza si el camino del divorcio se prueba viable en Edimburgo.
En el fondo, lo que se encuentra es una enorme disfunción política, que sale a la luz en momentos de estrecheces financieras. Los Estados plurinacionales arrebatan funciones a las regiones con particularismos fuertes, así como “la burocracia de Bruselas” lo hace con los países miembros de la UE.
En este último caso, de modo más agudo en la eurozona, la falta de soberanía monetaria en los Estados priva a éstos de herramientas frente a la crisis: cuando el endeudamiento llega al tope aceptable por los mercados, no hay forma de financiar el rojo fiscal. Ahí la UE sale al rescate… de los bancos y los acreedores, factura que finalmente pagan los contribuyentes en forma de impuestos, recorte de beneficios sociales y oportunidades de empleo y progreso personal.
Es decir, la administración política y económica tiende a hacerse supranacional, burocrática, impersonal y esquiva al voto popular, mientras que las responsabilidades políticas y electorales recaen en Gobiernos cada vez más impotentes y carentes de facultades. La democratización de las instituciones europeas es una cuenta nunca saldada.
La política, aunque suene antiguo, se sigue dirimiendo dentro de los límites nacionales. Ese estado de cosas es lo que buscan restaurar los independentistas que tienen en vilo a toda Europa. Escocia podrá votar hoy sí o no, pero incluso en el segundo caso su desafío será potente y su reclamo no podrá pasar desapercibido.
Marcelo Falak 