Terrorismo y golpismo, tiros al fleje del Gobierno para criminalizar la protesta. Stornelli, siempre listo. La policía brava de Bullrich. Silencios políticos.
El encuadre dado por el gobierno de Javier Milei a los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso el último miércoles durante el tratamiento del proyecto Bases entraña aristas sensibles, vinculadas al derecho de protesta y la vigencia de libertades civiles básicas en la Argentina. Ante la deriva oficial, el rol del Poder Judicial será desde ahora más importante que nunca desde la recuperación de la democracia 40 años atrás.
Cinco personas quedaron detenidas en la noche del martes con prisión preventiva después de que la jueza federal María Romilda Servini dispusiera la liberación de otras 11, que se sumaron a las 17 excarceladas previamente.
La magistrada dictó la falta de mérito –ni la absolución ni el procesamiento, con continuidad de las investigaciones–para la totalidad de esas 28 personas debido a la inexistencia actual de pruebas en su contra. Tardó, esa gente sufrió varios días un abuso inmerecido, pero al menos llegó.
Pese a eso, el fiscal Carlos Stornelli mantenía un pedido de que 14 de las 17 personas excarceladas de la primera tanda regresaran a prisión y debía expedirse también sobre las de la segunda.
La distancia entre los hechos y la postura del Gobierno, defendida sin añadir una coma por el fiscal que se mantuvo casi cinco años en rebeldía en una causa por espionaje ilegal y extorsión, resulta abrumadora y no extraña que el asunto cobre temperatura con planteos sociales, políticos y judiciales, incluso a nivel internacional.
El CELS elevó una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación; Libertad de Opinión y Expresión, y Situación de los Defensores de Derechos Humanos. Ante el requerimiento, la CIDH convocó al Estado argentino a una audiencia el próximo 11 de julio para explique la legalidad de sus políticas en torno a la protesta social, requerimiento que no cambiará más allá lo que defina Servini.
La Policía brava de Patricia Bullrich
Va de suyo que quienes hayan cometido delitos en el marco de la protesta deberán enfrentar las consecuencias. No puede confundirse el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades con la comisión de desmanes. Sin embargo, se observaron excesos claros en la represión ordenada y defendida por Patricia Bullrich, a la vez que abundan los indicios de detenciones al voleo y hasta denuncias de abusos cometidos por personal policial en los penales federales en los que fueron alojados inicialmente los detenidos.
Más grave, se han divulgado imágenes que muestran a provocadores encapuchados pasando las vallas policiales para mezclarse entre los efectivos y no se sabe de ninguna investigación o procedimiento para dar con el paradero de los hombres filmados al dar vuelta e incendiar un móvil del medio cordobés Cadena 3. Tras cumplir con su misión, estos se subieron a un auto, también captado en imágenes, para irse sin ser importunados por los federales que se encontraban a pocos metros como espectadores de lujo. Vayan estos recordatorios por si ayudan a nuestras autoridades:
El terrorismo según Stornelli
Los 33 detenidos iniciales fueron imputados por el fiscal con cargos graves, enmarcados desde el inicio por el Gobierno como hechos de «terrorismo» e intento de «golpe de Estado». Esto y la cantidad de días que demoró la mayor parte de las excarcelaciones suponen preocupantes innovaciones en materia de judicialización de la protesta social.
Stornelli se encargó de levantar cargos pesados a gusto del Poder Ejecutivo. Los habituales para este tipo de situación –resistencia a la autoridad, lesiones y daños, entre otros, todos excarcelables– fueron recargados con otros, inventados, algo que no registra antecedentes. Entre estos se destacan los de incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. En pocas palabras: terrorismo y golpismo.
Las acusaciones contra las cinco personas que fueron procesadas y siguen detenidas incluyen golpes a un efectivo, la quema de una bicicleta del Gobierno de la Ciudad, el salto de una valla policial y el lanzamiento de piedras, según señaló anoche en C5N el periodista Ariel Zak, siempre bien informado. El terrorismo y el golpe parecen quedar muy lejos de esos hechos, por repudiables que sean, lo que se reflejó en los procesamientos que dictó Servini, quien no hizo lugar a las fiebres de Stornelli, la Oficina del Presidente y Bullrich.
Más delicada es la situación de un hombre al que se acusa de haber tenido en su poder una granada de humo.
Ahora bien: esos cinco –cuatro hombres y una mujer– quedaron procesados, ¿pero por qué con prisión preventiva? Supuestamente porque la seriedad –en verdad relativa– de los delitos que se les imputan justificarían la sospecha de que podrían entorpecer la investigación. ¿Por saltar una valla? ¿En serio?
Un giro sugestivo
Agustina Lloret, coordinadora de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le dijo a este medio que «hay un cambio y lo que pasa con este caso es inédito en la historia de la criminalización de la protesta«.
Explicó que «el fiscal Stornelli se basó en notas periodísticas que, a su vez, se referían al comunicado de la Oficina del Presidente de la República». Sin embargo, «no describió hechos concretos, no los vinculó con las personas detenidas y no valoró pruebas para validar sus pedidos de declaraciones indagatorias y prisiones preventivas. Todo fue una suma de generalidades».
La descripción de Lloret fue ratificada por las faltas de mérito y hasta por los procesamientos dictados por Servini.
Alerta, democracia
La escala de los disturbios del miércoles, pero especialmente los indicios de intervención de infiltrados, la impunidad de quienes cometieron los desmanes más graves, la detención inusualmente prolongada de decenas de personas y las imputaciones por cargos vinculados al terrorismo y a un supuesto intento golpista ponen en juego valores democráticos clave.
Si concurrir a una manifestación puede derivar en detenciones injustificadas y en procesamientos capaces de arruinar años de vida de numerosas personas –en este caso, estudiantes, docentes y vendedores de choripanes y empanadas que siguen bajo investigación–, puede intuirse una intención oficial de disuadir por vías paralegales la protesta social excitada por el hiperajuste y la hiperrecesión. Si esto fuera así, el gobierno paleolibertario podría estar deslizándose hacia los márgenes de la democracia.
Quienes defienden al Presidente o minimizan sus excesos suelen invitar a «mirar lo que Milei hace, no lo que dice». A la luz de estos hechos, lo que efectivamente hacen él y funcionarios como Bullrich llama a preocupación.
Una inquietud que crece
Miles de personas, convocadas por familiares y amistades de los imputados –que fueron respaldados por organizaciones defensoras de los derechos humanos– se manifestaron este martes a la tarde en la Plaza Mayo para exigir sus liberaciones. Poco después se conoció la decisión de la jueza Servini.
Se sumaron a la marcha referentes de la izquierda y del peronismo, entre ellos legisladores nacionales, los intendentes peronistas Jorge Ferraresi y Mario Secco, e integrantes del gabinete de Axel Kicillof, quien había sido el primer dirigente de peso en condenar los arrestos.
En tanto, diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron una denuncia judicial contra Bullrich; el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; y el jefe de la Prefectura Naval, Guillermo José Giménez Pérez; por privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia quedó radicada en el juzgado del candidato del Gobierno a la Corte Suprema Ariel Lijo. Ni es un chiste ni tiene remate.
La ministra de Seguridad reaccionó a eso con indignación e insistió en un argumento que desconoce la gravedad de que su policía brava rocíe con gas pimienta, sin que haya mediado provocación alguna, los ojos de diputados nacionales, como ocurrió el miércoles con Carlos Castagneto –el más afectado–, Eduardo Valdés y Luis Basterra.
No se trata de que los legisladores tengan privilegios, sino de que puedan actuar con plena libertad para que no exista ni sombra de duda sobre las garantías democráticas. Bullrich parece no entender esas sutilezas.
Por su parte, conciente de los peligros de una limitación de facto del derecho de reclamar, la CGT repudió «el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho con un golpe de Estado».
En el resto del sistema político, lo que incluye a partidos que se declaran consustanciados con la vigencia de la Constitución y las libertades públicas, primó un silencio llamativo.
Marcelo Falak 